El texto del proyecto es fruto de una negociación con los grupo parlamentarios y responde al mandato del Congreso de los Diputados, que en una resolución aprobada en junio de 1999 instó al Gobierno a la constitución de este organismo.

La agencia desarrollará labores de coordinación y cooperación en materia, y en su mbito están comprendidas actuaciones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos; y contará con órganos de encuentro donde debatir las medidas que puedan contribuir a promover mejores niveles de seguridad.

Las funciones de la Agencia serán aquellas que se perfilan para la Agencia Europea, como son la evaluación de riesgos alimentarios y el soporte técnico a las administraciones competentes. Desempeñará funciones adicionales de coordinación en actuaciones de control oficial sanitario de los alientos.

Este organismo podrá instar a las autoridades al desarrollo normativo que considere necesario; así como a actuaciones ejecutivas especialmente en situaciones de crisis o alarma, en las que actuará como centro unitario de referencia.

Podrá también normalizar y, en su caso, acreditar, procedimientos certificados de control de alimentos, procesos y establecimientos, dictando las pautas de acreditación que se precisen.

ESTRUCTURA

El anteproyecto establece que la Agencia contará con un Cnsejo de Dirección, un director ejecutivo, y una Comisión Institucional, el órgano encargado de la coodinación y cooperación entre las administraciones, con reprsentación de todas las domuidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El Consejo Consultivo será el órgano de participación activa de la sociedad en los asuntos relacionados con la seguridad de los alimentos, con representantes de los consumidores y con organizaciones económicas, profesionales y sociales.

Por su parte, el Comité ientífico se encargará de evaluar los riesgos alimentarios y, bajo su dependencia, se constituirán grupos de expertos, contando con el apoyo de una red de instituciones científico-ténicas.

Las leyes generales de Sanidad y de los Consumidores y Usuarios establecen que la prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios y que el control oficial sanitario de los mismos es una competnecia transferida a las Administraciones autonómicas.