El pleno del Congreso no pudo aprobar el pasado 16 de octubre las enmiendas del Senado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que al tratarse de una ley orgánica era necesaria la mayoría cualificada de 176 votos, y sólo se emitieron 171.

Las enmiendas llegadas del Senado estaban pactadas por el PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y contemplaban reformas importantes relativas a la posiblidad de los jueces de obligar a los sospechosos de delitos graves a someterse a pruebas de ADN, a la ampliación de los uicios rápidos a delitos de daños de piratería intelectual y venta callejera de drogas y la creación de mecanismos para evitar la excarcelacion indebida de presos que aún no han sido juzgados.

En el momento de producirse la votación hace tres semanas faltaban cerca de un centenar de diputados de la Cámara Baja, lo que impidió que las enmiendas venidas de Senado pudieran incorporarse al texto de la ley.

Los 171 diputados que votaron a favor pertenecían al Partido Popular, Convergència i Unió, Partdo Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, pese a lo cual les faltaron 5 votos para lograr la aprobación de una norma orgánica. Estos mismos grupos son los que han apoyado hoy las modificaciones del Código Penal.

El Grupo Popular fue el objeto de las críticas del PSOE en aquella primera votación, puesto que es el grupo mayoritario y faltaron 26 de sus 183 diputados, cuya presencia habría sido suficiente para aprobar el texto. Además, ninguno de los ministros que ostentan la condición de diputados estuieron en la votación.