De los 303 diputados presentes, 175 votaron a favor, tres dijeron no al texto y el resto (125) se abstuvo en la votación de este real decreto.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió ante la Cámara baja este texto por considerarlo "razonable" y "proporcionado".

En este sentido, Corbacho apuntó que el objetivo es que los inmigrantes puedan disfrutar de la prestación que han generado en sus países de origen, a cambio de no poder regresar a España durante un plazo de tres años.

"La condición de no volver antes de tres años es una condición razonable y proporcionada", aseveró el responsble del Ministerio.

Corbacho apuntó la percepción de esta prestación se llevará a cabo en dos pagos, una en España y otra en el país de origen, que no tendrá cotización a la Seguridad Social y por tanto no tendrán deducciones.

El ministro de Trabajo e Inmigración quiso dejar claro que esta regulación debe venir acompañada del correspondiente desarrollo legislativo.

"El Gobierno está trabajando como siempre, con actitud de respeto" y se ha contado "como no podía ser de otra forma" con el resto de departamentos afectados por esta medida, con organizaciones de inmigrantes y con los agentes sociales.

Corbacho dijo que los próximos días el texto llegará al Consejo de Estado para que aporte su dictamen sobre la conveniencia o no de la norma.

CONTRATO DE INTEGRACIÓN

El diputado popular Rafael Hernando se limitó a decir que lo necesario es llevar a cabo reformas estructurales que sirvan de apoyo a este colectivo.

En su opinión, sería más útil el contrato de integración que propuso del PP en su programa electoral, porque serviría "para dar tranquilidad" y para "frenar la inmigración ilegal y el caos que ustedes han formado".

A este respecto, la diputada socialista Concepción Gutiérrez dijo al PP que "nada de contrato de integración", sino "igualdad de derechos" para todos.

"Cuando el PP trata de devaluar la medida que hoy convalidamos, pierde de vista el efecto estratégico de la medida, y nos parece oportuno el mecanismo", dijo Gutiérrez.

Por su parte, Gaspar Llamazares indicó que se trata una legislación "simbólica" que supone un "cerrojazo" y un "portazo" a la inmigración. "El plan va a tener mucho menos éxito del que el Gobierno dice", auguró Llamazares.

En su opinión, se trata de una norma que "estigmatiza" al inmigrante y da una imagen "de una España ingrata", por lo que su formación votó no a la convalidación del decreto.

Ana Oramas y Olalla Fernández, del Grupo Mixto, ofrecieron su apoyo al Gobierno si bien recriminaron que debía haberse puesto en marcha con más rapidez.

Por último, Emilio Olabarría (PNV) criticó que, a la espera del desarrollo posterior del real decreto, hay puntos que no están suficientemente claros. Añadió que algunos artículos del texto no son más que un "adorno cosmético" de una norma que tiene puro carácter "conservador".