El texto aprobado esta mañana, que pasará directamente al Senado sin neceidad de ser votado en Pleno, abre el acceso de personas procedentes de países con "tradicionales vínculos" históricos y lingüísticos con España a puestos de tropa y marinería durante un periodo máximo de tres años, aunque podrían ascender a puestos de más autoridad si, pasado este periodo, adquieren la nacionalidad española.

Al proyecto presentado por el Gobierno, el PP ha introducido una serie de enmiendas transaccionales para asumir en parte algunas de las propuestas del PSOE y de CiU, relativas al cceso de los inmigrantes a los centros docentes militares; a la instrucción en los principios constitucionales y las instituciones españolas y la posibilidad de permanencia si después de los tres años han adquirido la nacionalidad.

El portavoz de Defensa del Grupo Popular, Manuel Atencia, aseguró que esta reforma se ha planteado "de forma equilibrada y responsable" con una propuesta que "no es novedad en la historia de los ejércitos en España" ni en otros países de nuestro entorno.

Indicó que la egislación "en nada se opone" a la entrada de extranjeros en el Ejército, que además se arbitra con este proyecto de modo que "no supone un desplazamiento de la responsabilidad de la defensa militar de España, que de forma básica continúa radicando en los españoles".

Esto se garantiza mediante la imposición de un tiempo máximo de permanencia y la limitación a determinadas unidades. Además, recalcó que "no se pretende una incorporación numéricamente significativa", ni se "abre la puerta a una incorporaión masiva de extranjeros".

Alberto Moragues, portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Defensa, que, al igual que Izquierda Unida y el Grupo Mixto, había pedido la devolución de este proyecto cuando se votó el inicio de la tramitación, defendió una serie de enmiendas de carácter técnico y otras de más calado político relacionadas con la verdadera integración de los inmigrantes que accedan al Ejéctito.

INTEGRACION REAL

En este sentido, recalcó que el texto "entra en contradicción con la declaación de principios" realizada en la exposición de motivos y en la intervención del ministro de Defensa, Federico Trillo, cuando presentó este proyecto, con el que pretendía que el EJército asumiera un "papel activo" en la integración de los inmigrantes.

Por ello, Moragues pidió que, para evitar discriminaciones, se fijen los destinos que "por sus especiales características de seguridad u otra índole no pueden ser cubiertas por militares extranjeros", en lugar de establecer los que sí pueden ocupar. Dl mismo modo, se refirió a la condición de que los aspirantes a entrar en el Ejército tengan conocimientos de español y vínculos con nuestra cultura.

Asimismo, propuso que se les facilite la convalidación y obtención de titulaciones para que tengan "algún tipo de ventaja" después de pasar tres años prestando servicio en nuestras Fuerzas Armadas. Además, dijo que "lo mínimo que se puede hacer" es permitir que quienes no quieran renunciar a su nacionalidad después de este periodo puedan obtener la residncia permanente, en lugar de aplicarles la legislación general.

SOLDADOS SUMISOS, CATOLICOS Y POBRES

El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, apuntó que cuando se presentó este proyecto "pensábamos que era una broma, un sondeo un tanto exótico y aventurado", que teniendo en cuenta la situación de los inmigrantes puede considerarse "incluso humillante", una propuesta "desesperada, dirigida a gente desesperada" que es "inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos".

En su opinión, el Gobirno pretende traer "extranjeros que van a tener pocos derechos fundamentales reconocidos". Además, con la selección de quienes por su origen tengan cercanía cultural y lingüística con nuestro país, demuestra que busca "gente sumisa, católica, pobre y que hable castellano".

A su juicio, esta solución ofrecida al problema de reclutamiento "caerá por su peso cuando el PP supere la pereza mental de su mayoría absoluta", porque se trata de una respuesta "reaccionaria" en lugar de asumir el "fracaso" de un odelo de Fuerzas Armadas sobredimensionadas y con una relación de soldados y mandos "desproporcionada", en lugar de optar por la reducción de sus efectivos.

Por su parte, Ramón Companys, de CiU, se preguntó si la "propuesta que hace el Ejército a los jóvenes es suficientemente atractiva", dadas las dificultades para cubrir el número de plazas fijadas. En cuanto al texto del proyecto, presentó una serie de enmiendas pero aceptó las transaccionales propuestas por el PP, por considerar que asumen sus prouestas.