Este texto insta al Gobierno a reformar la Protección de Datos para que se pueda tratar la información policial de terceros países que hace referencia a personas que residen enEspaña y con antecedentes penales graves.

Concretamente, establece la creación de bases de datos policiales específicas de consulta directa, aunque las personas no estuviesen sometidas a una investigación concreta y aunque sus antecedentes penales estuvieran cancelados.

Esta vía tendría unas limitaciones, como son que dichas bases se refieran únicamente a delitos graves cometidos en el extranjero contra la vida o contra la libertad sexual, que el almacenamiento de la información se haga por un deerminado espacio de tiempo, con el reconocimiento del derecho al aceso, rectificación y cancelación, y con todas las garantías constitucionales.

De este modo, se intenta que lo ocurrido con el caso del británico Alexander King y los asesinatos de las jóvenes Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes. Asimismo, CiU pide al Ejecutivo que cree cauces de colaboración policial en el ámbito europeo con la creación de bases de huellas dactilares, balística, ADN y datos biométricos.