Esta nueva ley de defensa de los consumidores, cuyo proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo, modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), de 1984.

Entre las reformas legislativas incluidas en el proyecto se encuentran la de acabar con ciertas prácticas abusivas muy frecuentes por parte de determinados operadores de telefonía y otros servicios de suministro; concretamente, aquellas que ofrecen todo tipo de facilidades para cursar el alta como cliente pero que imponen numerosas trabas y penalizaciones para cambiar de compañía o darse de baja.

La prohibición de los redondeos al alza, así como la del cobro por fracciones horarias, sobre todo en los aparcamientos y en la tarificación de la telefonía móvil, son otras de las medidas que contempla el proyecto de ley. Así, cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida.

También se exigirá que las tarifas, horarios y normas de uso, por ejemplo en los aparcamientos, se faciliten de manera previa al consumidor.

Respecto a la compra-venta de viviendas, se dará solución a cuestiones como la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y se aprobará la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.

Tras su paso por el Senado, la normativa ha incorporado una enmienda del PSOE que permitirá la devolución a los agricultores de un porcentaje del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

La Cámara Alta incorporó también otra enmienda, del Grupo Popular, que demanda la creación de un fondo de garantías para los clientes de sociedades de inversión en bienes tangibles como Fórum filatélico y Afinsa, iniciativa que es rechazada por los socialistas, por lo que difícilmente podrá ser aprobada en el Congreso.