Se trata, según declaró a Servimedia la diputada socialista Carmen Juanes, de "una reforma de gran calado" que recoge soluciones para mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas.

La norma, explicó, obliga al Gobierno a remitir a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde su aprobación, un proyecto de ley para mejorar la fiscalidad del patrimonio protegido de estas personas.

Según afirmó Juanes, el texto al que dará luz verde hoy el Congreso permitirá conocer el número y el alcance de incapacitaciones existentes en España, algo para lo que ahora hay dificultades, y centralizará los datos de incapacitaciones, actualmente dispersos en varios registros municipales.

Del mismo modo, la ley facilitará la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido, haciendo publicidad a través del Registro Civil no sólo de los nombramientos de los administradores de estos patrimonios, sino también de su constitución y contenido.

En esta misma línea, impone a los notarios la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la constitución de un patrimonio protegido y legitima a este mismo ministerio para obtener información de organismos públicos en relación con el ejercicio de la tutela de estos patrimonios, con el fin de mejorar su control.

El texto introduce igualmente la puesta en marcha de un principio de coordinación entre las distintas secciones del Registro Civil.