Esta iniciativa supone una reforma de la Ley del Registro Civil, que data de 1957, para establecer que los asientos se realicen en lengua castellana o la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, a fin de garantizar el pluralismo lingüístico.

Asimismo, emplaza al Gobierno a aprobar, en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de esta ley, las disposiciones reglamentarias necesarias "para hacer posible su aplicación, tanto en los aientos como en las certificaciones u otros tipos de documentos".

Tras la tramitación parlamentaria y la puesta en marcha de esta reforma, las hojas de los libros del Registro Civil, los impresos, los sellos y los sistemas informáticos deberán ser distribuidos en cada una de las lenguas oficiales del Estado.

El portavoz de Justicia e Interior de CiU en el Congreso, Manel Silva, expresó su satisfacción por la disposición del PP a apoyar este tipo de iniciativas, tal y como hizo al votar a favor de na propuesta para impulsar el uso de las lenguas de cada comunidad en el ámbito registral.