El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que la reforma que el Gobierno ha llevado al Congreso responde al interés general, aunque se mostró abierto al diálogo con los grupos parlamentarios para mejorarlo en el trámite de enmiendas.

Michavila defendió la limitaión del mandato de los fiscales, ya que, a su juicio, no debe haber ningún cargo vitalicio, y replicó al PSOE que el Gobierno popular nunca a nombrado a nadie con "carné", sino que siempre ha designado a "profesionales".

Asimismo, recalcó que intentar poner un límite temporal al mandato del fiscal general del Estado sería inconstitucional, y recordó a los socialistas que nunca promovieran esta reforma cuando gobernaban, aunque ahora quieran hacerlo de "tapadillo".

El portavoz de Justicia del PSOE Javier Barrero, aseguró hoy que el texto propuesto por el Gobierno "es una marcha atrás en una institución indispensable" para defender los derechos de los ciudadanos, y por lo tanto "una deriva hacia la involución".

Denunció que esta reforma potencia la dependencia del Gobierno por parte de la Fiscalía General del Estado, además de consolidar la subordinación de los fiscales al fiscal general, con lo que se busca "una actitud servil en los funcionarios de esta carrera", por lo que pidió a Michavila ue "no se obsesione por el control y la instrumentalización" del Ministerio Fiscal.

Barrero recalcó que esta reforma "no se ha hecho con el consenso" que permitió la aprobación del Estatuto en 1981, pues no se ha realizado "un debate serio y profundo" en la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Justicia, por lo que defendió un texto alternativo en consonancia con el citado acuerdo para la reforma de la Justicia.

RIESGO DE DEPURACION

Por su parte, el portavoz de IU en materia de Justicia, Lui Carlos Rejón, que también presentó un texto de reforma del Estatuto Fiscal alternativo al del Gobierno, subrayó que en principio la reforma parece impecable pero su teoría puede ser aplicada de forma "perversa", pues permitirá al Gobierno deshacerse de los fiscales "incómodos".

Auguró una "depuración" en el Ministerio Fiscal para que "sirva" al Ejecutivo en lugar de servir a los ciudadanos, además de un incremento de la "sumisión" del fiscal general al Gobierno de forma casi "militar".

Carlos Ayerich, en nombre del BNG, reclamó la retirada del proyecto de ley, porque pretende garantizar la "impunidad" para unos y el "castigo implacable" para otros, cuando el problema de la lucha anticorrupción es la escasa independencia del fiscal general. Begoña Lasagabaster, de EA, se opuso también al texto, que a su juicio plantea problemas competenciales.

MEJORAR EN LAS ENMIENDAS

A favor de la tramitación de este proyecto se manifestaron los portavoces del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. El popular Adrés Ollero, advirtió al PSOE de que "pueden acabar con el síndrome del animal de compañía", porque dice que el Gobierno está sólo cuando hay cuatro grupos que le apoyan.

Manel Silva, del Grupo Catalán, se mostró a favor de algunas de las consideraciones defendidas en los textos alternativos, pero opinó que estas cuestiones pueden pulirse en el proceso de enmiendas al articulado a partir del texto del Gobierno.

La portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, recalcó que su grupo ha "dudado sobrela actitud" a mantener en este trámite, pero finalmente ha decidido aceptarlo a fin de emplear las armas que concede la práctica parlamentaria para mejorarlo, las enmiendas, si bien coincidió con quienes se opusieron a ello en que el texto del Gobierno aumenta la dependencia del fiscal general.