Así se desprendió de la sesión celebrada este martes en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, donde Teresa Vicente, representante de la comisión promotora de la ILP, expuso los motivos para presentar esa iniciativa.

Esa ILP cuenta con la firma de cerca de 640.000 firmas, entregadas el pasado mes de octubre a la Junta Central Electoral como paso previo a que pueda convertirse en un texto legal. La proposición de ley tendrá que ser debatida y votada ante el Pleno del Congreso, en una fecha aún por determinar.

Antes de la comparecencia de Vicente, representantes de colectivos sociales y ambientales en defensa del Mar Menor se concentraron frente al Congreso para respaldar la presentación de la ILP en la Cámara Baja.

“Esta iniciativa es una respuesta popular, responde a una revuelta de la gente, a una revuelta del pueblo, especialmente de Murcia, defendiendo un ecosistema tan sensible y al mismo tiempo tan maltratado como el Mar Menor. Esperemos que su tramitación sirva como un paso más para finalizar definitivamente con todas las agresiones que sufre: con los vertidos agrícolas, con los vertidos de las macrogranjas, con los desastres urbanísticos y con todo lo que está ocurriendo que está llevando a este mar a una situación agónica. Bienvenida la iniciativa y esperamos que vaya para adelante en el plazo más breve posible", comentó Juantxo López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico a las puertas del Congreso.

El Mar Menor sufrió un episodio de ‘sopa verde’ en 2016 y otros de mortandad masiva en 2019 y 2021. La ILP parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia realizado en el curso académico 2019-2020, que abrió la puerta a que el Mar Menor cuente con personalidad jurídica y derechos propios. Esa propuesta tuvo un primer respaldo del Ayuntamiento de Los Alcázares en julio de 2020, pero no fue acogida por la Asamblea Regional de Murcia.

Los promotores iniciaron la recogida de firmas para convertirla en una ILP que cumplió este martes un trámite con su presentación ante comisión parlamentaria antes de ser votada en el Pleno para convertirse en una proposición de ley a la que los grupos pueden presentar enmiendas.

Vicente comentó que la iniciativa se une “al movimiento social y jurídico internacional de defensa de los derechos de la naturaleza, que coge una gran fuerza en el siglo XXI”, y expuso como ejemplos el reconocimiento de derechos propios en ríos de Colombia, Ecuador, India y Nueva Zelanda, como herramienta para proteger “ecosistemas de gran valor ecológico y en peligro”.

DERECHOS

La ILP pretende declarar la personalidad jurídica de la laguna del Mar menor y de su cuenca, que se reconoce como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños, así como el derecho a existir como ecosistemas y a evolucionar naturalmente.

Ello implicaría, según Vicente, un límite al ejercicio de otros derechos que pueden deteriorar la laguna, como el derecho a la propiedad, la libertad de empresa y el desarrollo económico. Cualquier persona física o jurídica estaría legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor.

Para ello, habría una representación y gobernanza con tres figuras: una tutoría y representación legal de la laguna, una comisión de seguimiento y un comité científico.

Si la proposición de ley sale adelante, cualquier conducta que vulnere derechos reconocidos y garantizados implicará responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa, y será perseguida y sancionada de conformidad con las normas penales, civiles, ambientales y administrativas en sus jurisdicciones correspondientes.

Así, podrían impedirse actividades urbanísticas, agrícolas, ganaderas o mineras que deterioren el ecosistema. La norma no tendrá efectos retroactivos sobre los daños ya causados a la laguna y podría convertir al Mar Menor en “el primer ecosistema con derechos propios en Europa”, según Vicente.

La mayoría de los portavoces parlamentarios desvelaron que apoyarán esa propuesta cuando se someta a votación en el Pleno del Congreso. Solamente Luis Gestoso, de Vox, se mostró crítico al considerar que se trata de un “disparate” que implicaría “más despilfarro” y supondría “crear un nuevo chiringuito antidemocrático”.

Juan Luis Soto, del PSOE, apuntó que la ILP servirá como “gran oportunidad para un debate sereno” en defensa del Mar Menor. Juan Luis Pedreño, del PP, se mostró “favorable” a aceptar “cualquier propuesta que sea beneficiosa para el ecosistema”.

Javier Sánchez, de Unidas Podemos, celebró la propuesta de “un pueblo digno” que pretende “blindar el Mar Menor frente a gobernantes irresponsables”. Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, deseó que la ILP “vaya tomando forma”. E Inés Sabanés, de Más País-Equo, reveló que su formación apoyará la iniciativa “sin ninguna duda”.