Esta cantidad se corresponde con los 207,8 millones de euros autorizados por el Consejo de Ministros el pasado martes, a los que se han restado los remanentes comunicados por algunas comunidades autónomas.

La partida de mayor cuantía de las territorializadas este viernes, 158,19 millones, corresponde a la aportación estatal a las intervenciones autonómicas de desarrollo rural incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027. Se trata de la primera anualidad de este nuevo periodo, con la particularidad de que en este año aún se realizan intervenciones del anterior marco 2014-2022, vigente por la aplicación de la regla N+3, que permite ejecutar los proyectos comprometidos hasta tres años después.

Para el periodo 2023-2027, el Estado contribuirá con el 30 %de la financiación de las intervenciones autonómicas de desarrollo rural. El criterio de distribución de estos fondos fue acordado en Conferencia Sectorial celebrada en mayo de 2023.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha comprometido a acelerar los trámites correspondientes para que las comunidades puedan disponer de los fondos lo antes posible.

Con estos fondos de desarrollo rural se financian actuaciones para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario. Entre otras líneas, los fondos van destinados a la modernización de industrias agroalimentarias, al impulso de la producción ecológica, a ayudar a los agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales o a incentivar la incorporación de jóvenes y facilitar así el relevo generacional.

El resto de los fondos territorializados corresponden a un conjunto de siete créditos para la financiación de actuaciones de diversa índole en materia de agricultura y ganadería, que tienen como objetivo último contribuir a mantener la competitividad del sector agrario y afianzar la producción agroalimentaria española, según destacó Planas.