En este sentido, Martínez explicó que la Iglesia "no ha convocado ni convocará ninguna concentración" en contra de la LOE o de otro acontecimiento, y que cada obispo podrá acudir o no a esta manifestación atendiendo a su juicio personal, y no como representante de la entidad eclesiástica.

Respecto al proyecto de ley, el portavoz de la Conferencia Episcopal criticó que el texto no recoja la religión "como asignatura obligatoria en todos los centros, y voluntaria para todos los alumnos", y advirtió de que el Estado "tiene la obligación de poner los medios para que los padres puedan ejercer su derecho de libertad" a la hora de elegir la educación de sus hijos.

Las críticas hacia el proyecto de ley se centraron en la nueva asignatura que establece el texto normativo, "educación para la ciudadanía", ya que, según Martínez Camino, "podría ser un problema si mediante ella se intenta imponer la moral del Estado".

Martínez Camino reivindicó también que la Administración Pública "no tiene la capacidad para decidir quién tiene que ejercer la enseñanza católica" y trasladó que los 17.000 profesores españoles de esta asignatura "están asombrados" ante las intenciones del Ejecutivo al respecto.

EDUCACIÓN LAICA

Preguntado por la educación laica que plantea el estatuto catalán, Martínez Camino mostró la oposición de la ConferenciaEpiscopal al respecto, y alegó que cualquier normativa que implique la exclusión de la asignatura de religión en la escuela "no puede ser aceptada por la Iglesia".

Del mismo modo, afirmó que si se llegase a dar esa situación, "supondría conculcar los derechos de los padres", además de que "no respondería a lo establecido entre la Santa Sede y el Estado español".

El representante de la Conferencia Episcopal finalizó sus declaraciones haciendo referencia a los presupuestos, afirmando que se prorrogará un año más el sistema actual, con un aumento económico del 1,97%, y que todo quedará ahora en futuras negociaciones que resuelvan la situación "de una manera satisfactoria para todos".