En el informe, Confemetal advierte que los resultados de esa asignación de derechos de emisión, referido al período 2008- 2012, "serán determinantes" para las empresas en términos de mantenimiento de su competitividad, rentabilidad y del empleo que generan.

Además, añade que todo ello sucederá en un período "especialmente sensible" para España debido al nuevo contexto europeo surgido tras las ampliación de la Unión Europea.

En este sentido, considera necesario que antes de iniciar la elaboración del nuevo plan se lleve a cabo "lo antes posible" un diálogo con los sectores implicados "para que el impacto del plan sobre la actividad económica sea moderado".

En concreto, el documento subraya la necesidadad de que el montante de derechos de emisión sea "suficiente" para evitar que las empresas españolas vean limitada su producción actual y su posible diversificación, así como su desarrollo y capacidad de crecimiento.

Igualmente, reitera que debe procederse a una cuantificación de las necesidades de Derechos de Emisión teniendo en cuenta criterios tecnológicos, económicos y regulatorios. Se debería realizar un análisis y un proceso específico de cada uno de los sectores y lograr acuerdos sectoriales con la Administración, insiste Confemetal.

En la valoración sobre el impacto del Protocolo de Kioto, Confemetal insiste en que el compromiso adquirido por España en Kioto no fue correctamente evaluado, "ni en cuanto a su viabilidad técnica, ni en lo desproporcionado del compromiso de nuestro país frente a los adquiridos por otros países de nuestro entorno".

También critica el hecho de que en su momento ni siquiera se considerara "la necesaria concertación" con los agentes económicos, "que, sin embargo, son los que han de afrontar las consecuencias de un compromiso excesivo en todos los sentidos y capaz de producir graves efectos sobre el tejido industrial español".

"Es obvio que las empresas deben contribuir a los objetivos de Kioto, pero no lo es menos que el esfuerzo debe dirigirse a la eficiencia como instrumento para reducir emisiones, y no a la reducción de la actividad productiva", concluye el documento.