En una nota informativa sobre esta normativa facilitada a Servimedia, Confemetal señala que "la ley se inscribe, junto con toda la normativa de carácter medioambiental, dentro del enorme aluvión de disposiciones que, como las relativas a la prevención, han caído sobre las empresas de manera novedosa, con un grado de exigibilidad apresurado y costoso, que hace difícil su asmilación".

A su juicio, eso "está originando cierto desconcierto entre las empresas, ante la novedad de la materia y debido también al enorme grado de dispersión de estas nuevas normas en cuanto al ejercicio efectivo de las competencias sobre las mismas, repartido entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales".

Confemetal considera que la ecotasa prevista para financiar el reciclado e impedir que se vierta a las alcantarillas o a los cauces de los ríos (para cuya aplicación e Gobierno tiene un plazo de un año) abre la puerta a otros impuestos, "ya que el ansia recaudatoria es insaciable".

En su opinión, "la solución al problema de los residuos no pasa por gravar a la industria recicladora, sino que pasa por ayudar, apoyar y simplificar trámites, facilitando a las empresas información y formación adecuada, y no un aluvión de normas necesarias, pero cuya asimilación requiere de tiempo y de una pedagogía que no es la del palo, sino la de una cultura medioambiental en la emprsa".

La Ley de Residuos prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional, fija sanciones de hasta 200 millones de pesetas y obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos a partir del año 2001.