Igualmente, Cañón propuso que los apoyos técnicos a la comunicación oral previstos también en el proyecto de esta norma queden regulados en los desarrollos reglamentarios de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), y no en este texto.

"Es absolutamente fundamental que esta ley recoja la educación bilingüe desde las primeras etapas educativas", porque "la educación es el cemento con que asentamos la arquitectura de nuestras vidas", declaró el presidente de la CNSE en su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados.

Tenemos que partir del hecho de que la lengua de signos es vehicular para los niños sordos, porque la aprenden de forma natural, algo que no les ocurre con la oral, que les cuesta mucho más tiempo de aprendizaje, explicó Cañón, quien abogó, no obstante, porque la comunidad sorda conozca también la lengua oral.

A su juicio, el proyecto de ley, tal y como está concebido actualmente, no es claro en este sentido, por lo que pidió que lo sea más y que establezca mecanismos que hagan cumplir el derecho de las personas sordas a aprender la lengua de signos desde la infancia, si así lo desean sus familias.

La ley debe crear un mecanismo que permita exigir, administrativa o judicialmente, el cumplimiento de conocer y usar la lengua de signos española (y la lengua de singos catalana), que ha de ser básica y común para todas las personas sordas, independientemente de la región en la que nazcan, indicó Cañón. AYUDAS TÉCNICAS

Por otra parte, la CNSE sostiene que el texto establece un "erróneo paralelismo" entre las ayudas técnicas para la rehabilitación de la sordera y la lengua de signos, porque estas ayudas son para mejorar el aprendizaje del habla y, por tanto, no un idioma, y "una lengua es una lengua", argumentó su presidente. Por este motivo, añadió, las ayudas a la comunicación oral han de recogerse en los desarrollos reglamentarios de la LIONDAU y no en esta norma.

Por otro lado, Cañón consideró que el presupuesto previsto en el proyecto de ley que regulará la comunicación de las personas sordas es insuficiente, por lo que es preciso que se destine una partida presupuestaria superior que la ahora recogida, algo menos de dos millones de euros.

Por último, el presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas subrayó que el Centro de Normalización de la Lengua de Signos, previsto en el proyecto de ley, ha de ser un organismo público, integrado por varios ministeriosy por representantes de las personas sordas, en tanto que usuarios de la lengua de signos, que este centro debe promover y reconocer.