En un informe, esta organización de cooperativas de viviendas, la única de ámbito estatal existente en España, señala que la PSV no está afiliada a la asociación y que mientras lo estuvo "recibió orientación y asesoramiento directo, que de haberlos atendido no se encontraría en la calamitosa situación actual".

La confederación asegura que durante años la prudencia le aconsejo no inminuscuirse en los problemas de la PSV, pero que hora se hace necesario denunciar que "PSV, junto al daño inferido al cooperativismo, no garantiza la devolución de las aportaciones de los socios cooperativistas, ni mucho menos la edificación de las viviendas".

"Ni tampoco IGS ni UGT, como lo demuestra las declaraciones de su secretario general (en la rueda de prensa celebrada ayer lunes), eludiendo responsabilidades y endosando, como viene siendo costumbre en este asunto, las soluciones a los problemas, a otros, al Gobierno de la Nación y de las Comnidades Autónomas afectadas; a las entidades financieras, comenzando por el Banco de España; a los acreedores y hasta invocando paciencia a los impacientes cooperativistas".

La confederación considera, igualmente, que "el Gobierno sigue actuando con lentitud e inconcreción, a pesar de ser un asunto de la máxima gravedad social y elevada responsabilidad política".

Para encauzar el problema, propone que la comisión coordinadora constituida por acuerdo de UGT y el Ministerio de Trabajo funcione al aparo del Instituto Nacional para el Fomento de la Economía Social, dependiente de la Dirección General de Cooperativas.

Asimismo, considera necesario una reunión de la asamblea general de la cooperativa, previa realización de un censo que garantice la representatividad, que tenga como objetivo el nombramiento de un Consejo Rector encargado de determinar lo antes posible la situación de la entidad.

El siguiente paso, a su juicio, sería la escisión de la PSV por emplazamientos, a fin de hacer posibe la participación directa de los socios, a cuyo fin propone que la Administración flexibilice la normativa legal, especialmente en el terreno fiscal, para facilitar el traspaso patrimonial de PSV a las nuevas entidades promotoras.