Para la patronal vasca, "no existen razones de peso, más allá de las de contenido partidista, que justifiquen el cierre a plazo de una central que, no sólo ha demostrado a lo largo de estos años plenas garantías de seguridad y eficacia, avaladas, además, por reiterados controles y evaluaciones internacionales, sino que también contaba con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear".

Confebask considera un error que se limite la vida útil de Garoña cuando, "además de incrementar el coste de la energía para empresas y consumidores, esta medida aumentará nuestra dependencia del abastecimiento foráneo y desequilibrará el mix energético", añadió.

A su juicio, el Ejecutivo "no ha tenido debidamente en cuenta que la energía no producida por Garoña deberá ser sustituida por un incremento de las importaciones procedentes del petróleo, de otras centrales nucleares que se encuentran a poca distancia de nuestras fronteras, o de tecnologías más caras o más contaminantes".

Por último, Confebask llamó la atención sobre "la inseguridad jurídica que para las empresas de este país introducen decisiones de este tipo, adoptadas únicamente por criterios políticos, al margen de cualquier condicionante socioeconómico, medioambiental, técnico o de seguridad".