Así lo expresó el ministro durante su comparecencia en la Comisión no permanente de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso de los Diputados, donde anunció, además, la exclusión de los condenados por delitos de tráfico de la obtención del derecho de gracia.

Esto supone, concretamente, la imposibilidad de conceder un indulto a los conductores que cometan delitos en esta materia. "Las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o de las drogas, con el riesgo de llevarse vidas por delante, no tienen ningún pase", añadió el ministro. Tampoco se indultarán, según el titular de Justicia, los delitos por violaciones y violencia doméstica.

Durante su comparecencia, López Aguilar reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra la siniestralidad en las carreteras y recordó el "considerable" coste ecónomico y las consecuencias humanas "insufribles e insoportables" de los accidentes de tráfico.

Por ello, dijo, el Gobierno está trabajando en la incorporación al Código Penal de nuevos tipos penales que complementen el carácter represivo que, a su juicio, conllevan ya las sanciones administrativas tradicionalmente impuestas en estos delitos.

Concretamente, confirmó que "antes del próximo mes de agosto" el Gobierno presentará el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, en el que se introducirán penas de cárcel para quienes cometan determinadas infracciones en materia de Seguridad Vial, y que "entrará en tramitación en el Congreso de los Diputados el próximo mes de octubre".

Algunas de las "novedades esenciales" a las que se refirió el ministro fueron la sanción penal para la conducción sin permiso, cuando éste haya sido retirado por la vía judicial, administrativa, o en los casos en los que nunca se ha tenido este permiso; el superar en 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vías urbanas, y en 70 por vías interurbanas, o conducir con una tasa de alcohol igual o superior a 1,2 gramos por litro de sangre. Se penalizarán, además, las imprudencias graves y leves "que provoquen situaciones de muerte o lesión".

PENAS ALTERNATIVAS A PRISIÓN

También apostó por la imposición, de forma complementaria a las sanciones administrativas, de penas alternativas a la prisión en determinados casos, tales como la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial o la realización de trabajos "que redunden en el beneficio de la comunidad".

Durante el acto, López Aguilar se refirió también "al esfuerzo" que está llevando a cabo el Gobierno para la formación de jueces y fiscales en materia de violencia de género, siniestralidad medioambiental, corrupción urbanística, persecución de delitos contra los derechos de los extranjeros y Seguridad Vial, para lo que, según dijo, se ha destinado un total de dos millones de euros.

"El Gobierno tiene un compromiso total con el valor del Seguridad Vial, al que se debe atender desde un Gobierno progresista, junto a los valores de la libertad e igualdad, ya que España continúa registrando balances de mortandad insufribles en las carreteras", continuó el ministro.

Una vez abierto el turno de preguntas, el responsable del CiU en materia de Tráfico, Pere Grau, apuntó la necesidad de tipificar "de alguna manera" el consumo de medicamentos que puedan reducir los reflejos del conductor.

A esto, el ministro respondió que "habría que determinar el grado de dolo o imprudencia del conductor, ya que puede que desconozca la efectos del consumo" de dichas sustancias.

Por su parte, el responsable en esta materia del grupo Popular en el Congreso, Federico Souvirón, acusó al Gobierno de ser "incapaz de llevar a cabo una política integral de Seguridad Vial y de coordinar a todos los órganos implicados" en este ámbito, y pidió al titular del departamento de Justicia que "no se quede en la simple modificación de algunos artículos del Código Penal y vaya más allá".

Al finalizar la comparecencia del ministro, el presidente de la citada Comisión, Jordi Jané, hizo entrega a López Aguilar de una recopilación de las 16 comparecencias que han tenido lugar en el marco de esta comisión, a la que han acudido, entre otros, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias; el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y representantes de asociaciones y clubes de automovilistas.

Finalmente, Jané anunció la comparecencia, el miércoles 28, del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el marco de esta comisión.