José Puente Marrot, el otro principal encausado, fue condenado a seis años de prisión por los mismos delitos.

El tribunal consideró que Bragado había falsificado los pasaportes de las chicas guatemaltecas obligadas a prostituirse en Barcelona para que esteas se pudieran quedar en España, ya que sus visados habían caducado.

El policía también fue condenado por financiar económicamente la red de prostitución, cuyo local se encontraba en la calle Riera de Sant Miqel.

El resto de procesados por el caso, ocho personas más, fueron sentenciados a cumplir un año de reclusión por ser cómplices de la red de guatemaltecas.

Por otro lado, todos los encausados fueron absueltos del delito de corrupción de menores de que se les acusaba al principio porque no existía constancia de la partida de nacimiento de las jóvenes que en teoría eran menores.

En este sentido, la disminución de las condenas respecto a las penas solicitadas por el fiscal se debe al hecho de qu no ha podido ser demostrado que las guatemaltecas fueran menores.

El ministerio fiscal había pedido un total de 21 años de cárcel para el inspector de policía y 17 años para Puente Marrot.

Luis Bragado estaba destinado como inspector de policía en la comisaría del barrio de Gracia de Barcelona mientras operó la red de prostitución, entre agosto de 1989 y febrero de 1992.

Durante el juicio había declarado no ser socio del negocio ni haber instruido a las chicas para ejercer la prostitución, unque reconoció haber visitado el local en tres ocasiones como cliente y haber pagado por los servicios de las jóvenes.

Por su parte, José Puente reconoció en la vista que regentaba el local y pero que no era ilegal, ya que buscaba a jóvenes mayores de edad y que no fueran drogradictas.

Según reconoce la sentencia, Puente se quedaba con la mitad de los beneficios que obtenían las chicas por sus relaciones con los clientes.