Según informó hoy la asociación El Defensor del Paciente en una nota de prensa, Miguel Ángel Ocaña sufría desde muy joven una serie de patologías neurológicas, motivo por el que tuvo que ser intervenido cuando contaba 13 años, recuperando toda su movilidad.

Sin embargo, añade esta asociación, entre los 13 y los 22 años presentó un progresivo deterioro motor y sensitivo en las extremidades, agravado además por una lista de espera de cinco años para ser intervenido en el Hospital Ramón y Cajal, que acabó por dejarle parapléjico.

Según la asociación El Defensor del Paciente, a Miguel Ángel Ocaña no se le realizó una resonancia magnética medular para diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad, lo que le hubiera permitido la posibilidad de estabilizar e, incluso, eliminar los daños neurológicos y síntomas que padecía.

La sentencia considera que, "sobre la base de un retraso diagnóstico final del recurrente derivado del retraso en la práctica de la RMN, que pudo y debió practicarse ya en 1988, se aprecia una pérdida de oportunidad del recurrente de poder ser tratado con anterioridad al agravamiento de su situación".

"De forma diferente", señala el auto, "ello determina que apreciemos en los términos expuestos una infracción de la lex artis, y por tanto, la acreditación de una relación de causalidad entre la actuación sanitaria prestada y el daño indemnizable".

Tanto para el afectado y su familia como para la asociación El Defensor del Paciente "es una satisfacción tener plasmado en un papel por primera vez, después de 14 años de lucha, lo que todos sabíamos". "Lo peor" añade la asociación, "es que la sentencia se permite valorar la tetraplejia del paciente en 12.000 Euros".

Para el afectado, lo más negativo de esta sentencia es que no se reconozca que el médico no le informó de que podría quedar tetrapléjico. "Sentencias como ésta hacen que los ciudadanos no crean en la Administración de Justicia y salga muy barato dejar de prestar asistencia médica y abandonar a su suerte a nuestros seres queridos", subraya El Defensor del Paciente.

Tras este auto, la asociación ha solicitado al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia que abra una investigación sobre el modo de proceder de la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante los casos de negligencia médico-sanitarias que recibe y ha pedido al presidente del Gobierno la creación de una figura institucional de defensa, que regule y revise Sentencias de este tipo.