La sentencia, notificada hoy por la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, condena a Miguel Ruiz a 7 meses y 7 días de prisión por un delito de descubrimiento de secretos, aunque lo absuelve de fasedad en documento mercantil, tenencia de DNI y pasaporte falsos, así como de las escuchas al editor Javier Godó en la sede de "La Vanguardia", de las que era acusado.

El fallo condena a "El Lobo" a pagar 100.000 pesetas de multa por 7 delitos a los que le corresponden 1 mes de arresto, y a otras 100.000 pesetas de multa por otros dos delitos del mismo tipo en grado de conspiración y tentativa.

Por su parte, el coronel Fernando Rodríguez ha sido condenado a una pena de 6 meses y un día de cárcela 6 años de inhabilitación por un delito de infidelidad en la custodia de documentos del Cesid encontrados en la caja fuerte de su despacho de "La Vanguardia", aunque también ha sido absuelto de falsedad en documento oficial y mercantil y de las escuchas ilegales a empresarios y directivos de diversos medios de comunicación.

El fiscal había solicitado durante el juicio 13 años de cárcel para Fernando Rodríguez y 5 años para Miguel Ruiz, mientras que retiró todos los cargos contra el editor de "La Vanuardia", Javier Godó, y su secretario, Gemma Guillén.

El tribunal también ha condenado por las escuchas ilegales a otros 6 procesados, a los que les impone penas que no superan los siete meses de arresto, mientras que otros seis acusados, entre ellos Godó y su secretaria, han sido absueltos.

El fallo considera probado que "El Lobo" y el equipo que trabajaba con él intervinieron los teléfonos de varias personas, entre ellas los ex directivos de "La Vanguardia" Albert Garrofé y Carlos Fajardo, el aogado Rafael Jiménez de Parga, el periodista Carlos Pérez de Rozas y el consejero delegado de Antena 3 Televsiión, Javier Gimeno.

Según la sentencia, Godó y su secretaria fueron víctimas de escuchas ilegales por parte de "El Lobo", aunque respecto a Fernando Rodríguez indica que no ha quedado probado que participara en las escuchas y añade que no trabajaba para el conde de Godó cuando aún estaba en activo en el Cesid.

La sentencia no ve un delito de falsedad en documento oficial en el hecho de qu el ex coronel firmara un documento cuando abandonó el Cesid, ya que la declaración que hizo, en la que negó haberse llevado informes, no tiene valor jurídico.