Según una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los hechos ocurrieron en la finca "La Cerca de Arriba", ubicada en Murcia y propiedad de Montesinos Agrícola S.A.

El administrador único de esta sociedad, José Paredes Castaño, ordenó a encargado de la finca, Antonio Samper Hernández, que colocase cebos envenenados por el terreno, los cuales fueron comidos por conejos y palomas, a su vez devorados por un búho real y un águila perdicera, especies éstas amenazadas y halladas muertas en una inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza.

Durante la inspección se encontraron también muertos otra águila perdicera, una grajilla, un halcón peregrino, un águila real "de gran porte" y una perdiz, si bien no se pudo determinar la caus de su fallecimiento.

Para el Supremo, los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la protección de la fauna, por lo que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que condenó a los acusados a un año de cárcel y a tres de inhabilitación para el ejercicio de la caza, así como a pagar una indemnización de 900.000 pesetas a la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.