La sentencia indica que en el caso de que alguno de los concejales se declarase insolvente, la indemnización habría de ser sufragada por el resto de sus compañeros, mientras que si se diera la improbable circunstancia de que todos los inculpados alegaran esta situación, el dinero tendría qe ser abonado por el ayuntamiento de la localidad, como responsable civil subsidiario.

Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 1992, cuando Juan José Silva Salazar, vendedor ambulante de 21 años, intentaba sujetar con una barra de hierro el toldo de su puesto. Al hacerlo, tocó una línea eléctrica de 15.000 voltios, que abastecía la depuradora de agua potable, muriendo electrocutado.

El tribunal considera responsables de estos hechos a los miembros de la Comisión de Gobierno, que decidió el traslao del mercadillo donde se hallaba el puesto del fallecido y que, a pesar de ser informados del peligro que suponía la línea eléctrica por estar a menor distancia del suelo de la establecida, no tomaron medida alguna.