Los condenados, a los que el tribunal atribuye un delito de colaboración con banda armada, son Ramón Urdangarin, Ramón Beguiristain, Patxi Mirena Goenaga, Miren Karmele Urbistondo, Ander Philippa Beristain, María Josefa Lizarribar y María Izaskun Murua, esta última novia del dirigente etarra Rosario Picabea, alías 'Mobutu', conquien hacía de correo.

Según recoge el fallo, al que ha tenido acceso Servimedia, en noviembre de 1987 Beguiristain propuso a Goenaga que diera alojamiento a tres miembros de ETA en el piso que ocupaba en San Sebastián junto a Beristain y otro detenido, Francisco de Borja Irízar, quien ha sido absuelto por el tribunal al no constar que tuviera conocimiento de que se trataba de miembros de la organización terrorista.

El tribunal señala que el alojamiento se prolongó hasta el 21 de diciembre de eseaño, en que Beristain trasladó a los tres etarras a Oyarzun, con el fin de que cruzaran la frontera hispano-francesa. En febrero de 1989 se produjo un nuevo encuentro casual entre uno de los etarras y Beristain, al que el primero propuso que les buscase un piso que les sirviese de infraestructura.

Tras mantener varios contactos, Beristain les presentó a Lizarribar, quien ya había entrado en contacto con la banda armada a través de Urdangarin, para que les buscase un piso donde vivir juntos y no levantr sospechas entre el vecindario, alquilando para ello una vivienda en Rentería.

A finales de marzo Beristain se trasladó a vivir a ese piso junto con Lizarribar y posteriormente se incorporaron otros miembros liberados de ETA pertenecientes al 'comando Donosti', quienes utilizaron el piso como insfraestructura del comando durante 2 años.

Durante ese tiempo, Beristain y Lizarribar realizaron varias vigilancias a industriales para posibilitar su secuestro, compraron material electrónico y, en el cao de la mujer, tomó nota de las matrículas de los coches de la policía estacionados en las proximidades del Gobierno Civil de San Sebastián, en lo que también participó Urbistondo.

La sentencia precisa que tras la operación policial francesa de Bidart, Lizarribar, temerosa de que su nombre pudiera constar entre la documentación incautada, se puso en contacto con Urdangarin para que éste hiciera llegar a Rosario Picabea una carta en la que le pedía información, utilizando para ello como intermediaria aMurua, "quien habitualmente traslada correspondencia que Rosario Picabea remite o de la que es destinatario de personas relacionadas con la banda terrorista".

Tras su detención, los acusados denunciaron haber sido objeto de malos tratos y, en concreto, Lizarribar acusó a las fuerzas de seguridad de haber sido golpeada, ya que presentaba varios hematomas en su cuerpo. Sin embargo, los informes médicos determinaron que los hematomas se debieron a que padecía problemas de circulación sanguínea.

En ete sentido, el tribunal señala en el fallo que dichos malos tratos no están acreditados, ya que en muchos casos "se contradicen con lo que constan en los muchos partes facultativos" de los forenses y, "desde luego, no anularían las declaraciones prestadas por los acusados en sede judicial debidamente asistidos por abogados de oficio dada su incomunicación".

No obstante, señala que "les tiene que dar valor de denuncia" y acuerda que "se deduzcan los testimonios adecuados para su completa investigación or el juzgado que resulte competente".