La paciente, de 33 años de edad, acudió, en la semana 39 de gestación al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe por presentar contracciones, sangrado y posible pérdida de líquido amniótico. Así, fue dada de alta después de ser sometida a una monitorización que, según el centro, no se conserva porque era "normal".

Posteriormente, la paciente acudió a su Centro de Salud para ser sometida a una exploración, donde los facultativos comprobaron que el feto había fallecido.

El informe de la autopsia concluyó que había "signos severos de sufrimiento fetal", de "hipoxia-anoxia" y "aspiración meconial", descartando lesiones congénitas. Además, el perito judicial explicó que las gráficas de monitorización hubieran permitido confirmar la bradicardia fetal y otras alteraciones del ritmo cardiaco.

Por su parte, la sentencia reconoce que es indiscutible que la monitorización no es una prueba diagnóstica perfecta "pues tiene margen de error", pero aclara que "la excepcionalidad de ese error hubiera requerido su acreditación por los codemandados".

En consecuencia, indica que "debe afirmarse que el concebido ya presentaba el 29 de agosto síntomas significativos de sufrimiento fetal que pasaron desapercibidos o fueron infravalorados por el personal sanitario que intervino en la realización de la prueba diagnóstica".