La sentencia absuelve al procesado de un delito contra un alto organismo de la nación y de otro de depósito de armas, por entender que el militar tiene sus facultades mentales perturbadas.

Los hechos se reontan al 19 de octubre de 1989, cuando José Alfonso Pérez-Olagüe se introdujo en la sede del CGPJ portando dos revólveres de la marca "Llama" con cinco cartuchos cada uno, 13 cartuchos "Winchester" del calibre 36 y cinco granadas de mano del Ejército de Tierra.

Tras amenazar con las pistolas a los funcionarios del edificio, entró en la Sala de Plenos del Consejo y exigió a sus miembros la resolución de un expediente que le afectaba, y que tenía sus antecedentes en una actuación de un órgano jurisdiccinal civil de Valencia que le fue adversa y por la que recurrió a la jurisdicción criminal y a la constitucional.

A los quince minutos de irrumpir en el salón de plenos del CGPJ, el procesado se calmó y abandonó el lugar, siendo desarmado por los agentes del servicio de seguridad, a quienes entregó sus armas.

Según la resolución de la Audiencia Nacional, el militar padecía en el momento de producirse los hechos un "trastorno delirante crónico (paranoia en nomenclatura clásica), de contenido persectorio y delirante, que condicionaba su conducta y afectaba su voluntad con tal intensidad que anulaba sus facultades psicovolitivas".

La sentencia ordena la "sumisión a tratamiento psiquiátrico ambulatorio" del militar y la privación de la licencia para la tenencia de armas. Asimismo, le obliga a presentarse mensualmente ante el tribunal.