La Audiencia entiende que cometió un delito electoral, ya que ocasionó perturbaciones durante la celebración de las elecciones europeas, tipificadas en los artículos 143 y 137 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

La sentencia especifica que, cuando un ciudadano es designado para ocupar un puesto en un mesa electoral, adquiere la condición de funcionario público y, por tanto, está sujeto al reglamento que estipula los efectos penales.

La condena a Juan S.R., dada a conocer a los medios de comunicación, implica además la imposibilidad de presentarse a oposiciones y organismos públicos, mientras que quedan suspendidos algunos de sus derechos como ciudadano.

Durante el juicio, el acusado argumentó que no se encontraba en su casa cuando le entregaron la notificación, aunque un policía local lo idetificó como la persona que se negó a recibir la citada comunicación.