Según consta en la sentencia, durante al menos desde 1994, el guardia civil condenado ejerció el mando "en pro de su propio provecho y bienestar personal", de modo que incurrió "de forma asidua en ciertas irregularidades y abusos".

Así, se reservaba uno de los coches oficiales asignados al Puesto de Pont d'Inca, sin permitir que fuese utilizado para la realización de patrullas, de las que él mismo se eximió, lo que obligaba a sus subordinados a hacerlas a pie, incluso de noche y llovendo.

Además, encomendaba a sus subordinados encargos tales como que le fuera a buscar a su domicilio en Palma de Mallorca para que le condujesen al trabajo, llevarle el periódico a casa, que le recogiesen las bombonas de butano o unas gafas. Dentro del puesto ordenaba que le trajesen el café, le hiciesen fotocopias no oficiales o le lavasen su coche particular.

La sentencia relata también que el guardia civil condenado permitía permitía que un amigo suyo aparcase en el cuartel su coche, ocupandola plaza de otros agentes. Asimismo, cuando los comerciantes de la zona obsequiaban al puesto con comestibles con motivo de la festividad de la patrona o de las Navidades, el inculpado se quedaba "con lo que se le antojaba".

Para el Supremo, las actitudes descritas son "irreconciliables" con las exigencias éticas que demanda la dignidad del Cuerpo de la Guarcia Civil y la categoría profesional del inculpado, que en ningún momento negó los hechos, sino que además trató de "explicarlos y matizarlos con l fin de incardinarlos en otros perceptos más adecuados a sus pretensiones", las hace aún más graves.

"La disciplina es el fundamento e idea rectora de la institución y la eficacia del servicio es la justificación de sus cometidos, exigiendo la dignidad militar un comportamiento acorde con los criterios de moralidad y el buen nombre del Instituto y, por tanto, un plus de moralidad a su miembros", argumenta el Alto Tribunal.