El joven se declaró culpable y la vista no llegó a celebrarse, al pactarse entre las partes una pena de dos años y cuatro meses de prisión para elacusado, que deberá devolver además las más de 700.000 pesetas estafadas de este modo.

Celaya Oubiña se hacía pasar por inspector de la Xunta de Galicia y actuaba en municipios rurales de las provincias de Pontevedra y La Coruña.

El dinero que reclamaba, en torno a 50.000 pesetas, era en teoría para hacer frente a gastos de abogados con el fin de mejorar las pensiones de sus víctimas.

El condenado llegó a causar alarma social entre los pensionistas de zonas rurales gallegas durante el pasadoaño, antes de ser detenido en septiembre.