Mejuto también ha sido condenado al pago de una sanción de cuatro millones de pesetas que deberá abonar solidariamente con otro acusado, el emresario Miguel Díez de Espada, propietario de la empresa Made Seguridad, sentenciado a seis meses de prisión menor por un delito de estafa y absuelto del cargo de falsedad documental.

La condena de Mejuto fue sensiblemente menor a la solicitada por el fiscal, que reclamaba ocho años de prisión y siete de inhabilitación.

Mejuto calificó el fallo de "barbaridad" y aseguró que "no he hecho nada a nadie y, por tanto, no tengo que pagar absolutamente nada".

La setencia se refiere a la denuncia seún la cual Joaquín Mejuto estafó 10 millones de pesetas del presupuesto público para las obras de mejora de la seguridad de la prisión, poco antes de que en 1990 fueran trasladados al centro penintenciario palmesano algunos miembros de la banda terrorista ETA para cumplir sentencia.

Mejuto debe hacer frente a una condena previa de tres años de suspensión en cargo público por un delito de malversación de caudales públicos, que ratificó recientemente el Tribunal Supremo.