La sentencia considera que el vigilante jurado cometió una "imprudencia temeraria con resultado de muerte", cuando el 30 de junio de 1992 alcanzó de un tiro en la espalda, efectuado a corta distancia, al picador Manuel Isaac Alvrez García. Este se encontraba junto a un grupo de compañeros en el pozo San Jerónimo, de la antigua mina de Hullasa, en el concejo asturiano de Teverga, reivindicando el pago de las indemnizaciones que la empresa les debía.

Los jueces destacan que el procesado, que había salido en defensa del capataz Francisco Mier, quien estaba siendo agredido por un grupo de trabajadores entre los que no se encontraba la víctima, intervino fuera de los límites de su área de actuación, ya que la agresión se producíafuera de las instalaciones del pozo. Además, el arma, que llevaba desenfundada, se disparó cuando el capataz ya había sido atendido por otro guardia jurado.

Por ello, el tribunal reprocha al acusado el "hacer exhibición y uso del arma en una situación de crispación social que podría haber causado males mayores", y considera que incurrió en un "manifiesto descuido y una imperdonable impericia" en el manejo de la pistola, si bien reconoce que Francisco Alvarez no tenía intención de matar o lesionar a pesona alguna y acepta como atenuante el arrepentimiento espontáneo del acusado.

Además de la condena de un año de cárcel, la Audiencia ha impuesto al inculpado el pago de 20 millones de pesetas a la viuda de la víctima y de 10 millones a cada uno de sus dos hijos.