Junto con el alcalde de este municipio de la isla de Lanzarote también han sido condenados tres policías municipales de dicha por la detención ilegal de Juan Mulet Ortiz, que ejerció la acusación particular.

Los hechos se remontan al 3 e octubre de 1987, cuando el alcalde de Yaiza envió un requerimiento a Juan Mulet para que no realizara ninguna obra en su vivienda. Ese mismo día, Mulet se encontraba impermeabilizando el techo de su casa con un permiso que le había concedido la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de Canarias.

Cuando los policías llevaron el requerimiento y se percataron de que Mulet estaba realizando obras, "no encontraron medio más seguro y eficaz de impedir que las prosiguiera que el de deteerlo", según la sentencia.

La sala considera también que ha existido prevaricación en el escrito enviado por el alcalde, ya que toma la "decisión antijurídica y unilateral de privar a un ciudadano del ejercicio legítimo de un derecho que le ha sido concedido por otro órgano administrativo". En la sentencia, el tribunal agrega que "no se oculta que la comunicación del 3 de octubre alienta un delito de prevaricación", aunque dice no poder plantearlo debido al principio acusador.

Juan Guerra, fiscaljefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no solicitó ninguna pena para el alcalde, aunque sí lo hizo para los tres policías, a los que acusó de detención ilegal.

El alcalde de Yaiza y diputado regional del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), integrado en la Agrupación Independientes de Canarias (AIC), ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Sin embargo, sobre Honorio García Bravo recaerá probablemente otra sentencia condenatoria, ya que, junto con otros siete concejales de l extinta UCD, fue juzgado ayer por un delito de prevaricación, petición solicitada por Juan Guerra para los componentes de la primera corporación democrática del municipio lanzaroteño. El fiscal pide la inhabilitación para el edil de Lanzarote.

La acusación se debe a una licencia que en 1983 aprobó el pleno de la corporación sin que existiera un proyecto técnico visado por el Colegio de Arquitectos.