Rafael Díez, que ingresó ayer en la cárcel, s propietario de la empresa "Desguaces Lagoa" y, según la sentencia, cometió un fraude a Hacienda de 365 millones de pesetas entre los años 1987 y 1989, al no pagar los impuestas del IVA y de Sociedades. Por este delitos, el tribunal le condena a cuatro años de prisión.

La sentencia considera probado que, al mismo tiempo, Rafael Díez cometió otro fraude al repartir facturas falsas por importe de 150 millones de pesetas a una veintena de empresarios del metal de todo el país, a cambio de las cuales cobaba comisiones.

Estos hechos, a juicio del tribunal, constituyen un delito de falsedad en documento mercantil, cometido de forma continuada durante los años 1988 y 1989, por lo que le impone otra pena de cinco años de cárcel.

Además, el condenado deberá pagar una multa de 300 millones de pesetas e indemnizar al Estado con una cantidad superior a los 365 millones de pesetas defraudados.

Según quedó de manifiesto durante la vista celebrada hace una semana, el procesado intentó denunciar en 199a las empresas a las que vendía las facturas falsas y que rechazaron pagar mayores comisiones. Sin embargo, las empresas implicadas legalizaron su situación y aportaron la documentación necesaria para descubrir el fraude millonario.