En concreto, Aramburu ha sido condenado a 5 años y seis meses de prisión por un delito de detención ilegal y a 14 años por un delito de homicidio.

De forma complementaria, el condenado deberá indemnizar a los dos hijos de la víctima con 500.000 euros y se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la localidad de Pasajes (Guipúzcoa), donde residen los familiares, durante un periodo de 10 años tras cumplir la condena.

Según la sentencia hecha pública hoy, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, presididos por el juez Ángel Hurtado, consideran probado que "al menos" los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2005, Aramburu impidió salir a Bohoyo del domicilio que compartían en Hendaya, "tiempo durante el cual estuvo golpeándola con patadas, puñetazos y golpes con objetos contundentes".

Finalmente, el 30 de diciembre, Bohoyo pudo escapar del domicilio y pedir ayuda, "siendo trasladada por un vecino" hasta una comisaría de la Ertzaintza en San Sebastían, quienes la derivaron posteriormente al centro hospitalario "Bidasoa" de la capital donostiarra.

Bohoyo presentaba "policontusiones múltiples generalizadas, hematomas, fractura de tres arcos costales, enfisema subcutáneo, contusión pulmonar, insuficiencia respiratoria y fractura de los huesos de la nariz".

Unos días después de su ingreso en el hospital, Bohoyo fue trasladada a la UVI al presentar un cuadro de shock séptico y fallo multiorgánico por el que finalmente falleció el 4 de enero de 2006. "La muerte fue consecuencia de las brutales palizas sufridas", aseguran los magistrados. La víctima tenía 40 años y era madre de dos hijos, Leire, fruto de su relación con su agresor -aunque Aramburu no la había reconocido legalmente- y que tenía 3 años cuando ocurrieron los hechos, y Rubén, de 19 años, nacido de una relación anterior.

La cuantía de la indemnización que percibirán los hijos -500.000 euros- ha sido calculada "teniendo en cuenta sus edades y la carencia que la falta de su madre les producirá en todas la facetas de su vida, tanto afectiva como materialmente", señala la sentencia.

Este juicio correspondió a la Audiencia Nacional por tratarse de un delito cometido por un ciudadano español en el extranjero y que fue denunciado dentro del territorio nacional.