Según la sentencia, los hechos se produjeron el 22 de febrero de 1998 en Vivares (Badajoz), cuando Pedro García Nava acudió a la casa de su amigo, sabiendo que éste se había ido con otro a las fiestas del carnaval de un pueblo cercano.

El ahora condenado se introdujo por una puerta trasera, abierta por un defecto de instalación, y se dirigió a la habitación donde se encontraba la mujer de su amigo, quien dormía junto con sus dos hijos, de seis y ocho años de edad.

La víctima se despertó sobresaltada al ver al intruso, pero se tranquilizó al reconocer a Pedro García, quien le aseguró que su esposo estaba ebrioque sería necesario buscarle. La mujer creyó lo que escuchaba, "a la vista de los antecedentes", dado que las discusiones con su marido a causa del alcohol eran frecuentes. La última se produjo una semana antes de los hechos, cuando su cónyuge la amenazó con matarla "cualquier día de estos".

La víctima, guiada por el condenado, condujo su coche por un camino solitario, ya que su copiloto, que no tenía carné de conducir, le aseguró que su marido se había marchado por allí.

En un momento determinao, el condenado le puso una navaja en el cuello y, tras atarle las manos por detrás, explicó a la víctima que su marido había planeado matarla y que todo lo anterior formaba parte del plan para llevarla al lugar donde se produciría el crimen, lo que no ocurriría si le "daba amor".

Así, consiguió someter a la víctima, a quien echó en cara que "lo hacía mal". Tras conseguir su objetivo, el agresor se bajó del coche cerca del pueblo y dejó a la mujer, a quien advirtió: "Mañana, yo al trullo, pero cuando alga, después de ocho o nueve años, vendré a por tí".

La víctima padece desde entonces un "trastorno por estrés postraumático", lo que implica alteración en sus relaciones laborales, emocionales, sociales y familiares, hasta el extremo de que ha abandonado su vida social. Continúa conviviendo con su marido.

La Audiencia Provincial de Cáceres condenó a Pedro García Navas a 17 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y otro de detención ilegal, así como a indemnizar a su víctima on cinco millones de pesetas, sentencia ésta confirmada íntegramente por el Supremo.