Los magistrados, presididos por la jueza Manuela Fernández Prado, han encontrado a Silva Sande culpable de un delito continuado de terrorismo y de seis faltas de lesiones.

Además de los 11 años y medio de prisión, la Audiencia Nacional ha condenado al dirigente de los Grapo a indemnizar a las víctimas y a las instituciones atacadas por los daños causados, así como al pago de las costas procesales.

En la sentencia hecha pública hoy, se considera probado que Silva Sande, junto a los grapos Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero Vega -condenados ya en octubre de 1998 por estos hechos-, se desplazó a Madrid en 1990 con el objetivo de realizar varios atentados contra instituciones representativas del Estado.

Para llevar a cabo esta acción, Fernando Silva disponía de material explosivo, temporizadores y detonadores que tenía almacenados y ocultos en una vivienda de Madrid y que posteriormente facilitó a los demás miembros del comando.

En la mañana del 6 de septiembre de 1990, Silva acudió a la sede de la Bolsa de Valores de Madrid, donde dejó una bolsa con explosivos en los lavabos.

Sus compañeros, Vázquez Bautista y Romero Vega hicieron lo propio en los edificios del Tribunal Constitucional y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Las tres bombas explosionaron entre las 11.45 y las 12.00 horas de aquel día, causando heridas de diversa consideración a siete personas y daños materiales que fueron cifrados en un total de 1.304.084 euros.