La querrella fue presntada por los dirigentes provinciales de IU (Izquierda Unida) y CDS (Centro Democrático y Social), que acusaron al presidente de la diputación de haberse "autoconcedido" unos créditos a través de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, entidad de la que Fernández Valenzuela es consejero.

El fiscal jefe de Alicante, Ricard Cabedo, no formuló acusación contra Valenzuela por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, pero el proceso continuó a instancios de la acusación particular, en ombre del CDS e IU, que solicitó una pena de seis años y un día de inhabilitación.

El tribunal alicantino absolvió finalmente a fernández Valenzuela de los delitos de prevalimiento de cargo, exacción ilegal y fraude, que también le imputaba la acusación particular.

La sentencia sólo considera probado que el máximo responsable de la diputación tenía participación en la empresa Gráficas Díaz, donde ocupaba el cargo de presidente con plenos poderes, sin haber declarado esta circunstancia, como era s obligación, en el registro de intereses de la Corporación Provincial.

Fernández Valenzuela había declarado en este registro la compra de 675 acciones en esa empresa, pero no hizo referencia al cargo que ostentaba ni que existía un apoderamiento general otorgado a su favor.

A pesar de la suspensión de su cargo como titular de la Diputación alicantina, Fernández Valenzuela no sufrirá las consecuencias de la condena, ya que no figura en las listas del PSOE para las próximas elecciones municipales yautonómicas.

Fernández Valenzuela es el primer político que condenado en la Comunidad Valenciana por un delito cometido en ejercicio de su cargo.

El próximo 3 de junio será juzgado en Valencia el ex conseller de Obras Públicas, Rafael Blasco, para el que el fiscal pide tres años de prisión por un delito de cohecho.