Esta sentencia, que fue impuesta en julio pasado por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia, condenaba a dos menores en relación con los destrozos que estos causaron el 27 de enero de 2007 en la tumba de Ordóñez, situada en el cementerio donostiarra de Polloe.

Por estos hechos, el juez impuso que estos menores cumpliesen 70 horas de trabajos sociales, algo que llevarían a cabo, en concreto, mediante la limpieza de pintadas relacionadas con el terrorismo.

Sin embargo, esta resolución lleva desde julio pasado sin aplicarse, debido a que el Gobierno vasco, al que el juez encargó el hacer cumplir la pena, lleva desde entonces reclamando un convenio con el Ministerio de Justicia para poder actuar en casos como éste.

El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe sostiene que es necesario este convenio para actuar en el caso de condenas de menores a los que no se impone una pena de reclusión, como sucede con los implicados en la profanación de la tumba de Gregorio Ordóñez.

Esta situación llevó al juez de menores de la Audiencia Nacional a llegar a ofrecer a ONGs o plataformas ciudadanas como ¡Basta Ya! el encargarse de gestionar el cumplimiento de esta condena.

Esta oferta fue rechazada por ¡Basta Ya!, cuyo portavoz, Carlos Martínez Gorriarán, calificó de "disparate" esta iniciativa de la Audiencia, puesto que, a su juicio, son los poderes públicos los que deben encargarse de esta tarea.