Así lo afirma en un informe en el que se muestra contrario a que el Tribunal Constitucional admita a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó una magistrada de Murcia contra la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La jueza de Murcia considera que el hecho de que se prevea una conducta típica agravada en las relaciones conyugales o análogas cuando tengan por sujeto activo a un hombre, y como sujeto pasivo a una mujer, vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley.

En su informe, Conde-Pumpido señala que "es constatable que por los condicionamientos socioculturales hoy existentes, que actúan sobre el género femenino y masculino en este tipo de íntimas relaciones familiares, las mujeres son objeto de agresiones de toda índole en una proporción abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan".

Para Conde-Pumpido, existe una "realidad social de posición desventajosa de las mujeres con respecto a los hombres" y añade que la protección de las mujeres ante los actos de malos tratos "requiere la adopción de medidas distintas que las que se han de adoptar para proteger en general a las víctimas".

El fiscal General del Estado señala que, según la citada ley contra los malos tratos, la violencia de género "se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad".

Asimismo, recuerda que la ley la defina como "la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión".