Según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el candidato elegido por el Gobierno para ocupar ese cargo debe someterse a control parlamentario previo informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una vez oficializada su designación para continuar en el puesto, Conde-Pumpido tiene la obligación de comparecer ante la Comisión de Justicia, que debe decidir sobre los "méritos e idoneidad" del aspirante.

Conde-Pumpido es la persona elegida por el Gobierno para ocupar el puesto de fiscal general del Estado, cargo que ha desempeñado durante los últimos cuatro años.