En opinión de Conde-Pumpido, que participó en un curso de la Universidad Complutense sobre "Libertad de expresión, protección de valores vulnerables y defensa del telespectador", esta ley "puede ser un avance sobre algunas exposiciones anteriores que (recoja que) sea un juez quien decida, no simplemente ue informe. Porque la función de los jueces es decidir, resolver y no meramente informar".

Conde-Pumpido cree positiva esta medida de vigilancia judicial al CESID, ya que "todo lo que sea control jurisdiccional y, por tanto, control de legalidad es positivo. Todo lo que sea establecer cauces de control de lo que son los secretos de Estado y de participación del poder judicial en estos secretos para conocer la legitimación de su caracter secreto, es positivo".

Preguntado por la intención del Miniserio de Interior de instalar cámaras en el País Vasco para prevenir la violencia callejera, el magistrado opinó que no pueden sustituir "en absoluto" la función de intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

"Una cosa es el valor probatorio de los vídeos, que lo tienen", dijo, "pero lo que no podemos es hacernos la ilusión falsa de que con esta medida se van a solucionar los problemas de seguridad, porque nunca podrán sustituir la intervención inmediata, contundente y efectiva en el momento enel que se está produciendo el acto delictivo".

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, José Gabaldón, se reservó su opinión hasta que el TC se pronuncie: "lo que no he hecho ni pienso hacer es avanzar cuestiones que están sub iudice en el Tribunal". En similares términos se expresó Siro Francisco Pérez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que participó con Gabaldón en el curso "La Audiencia Nacional y la estructura orgánica de los tribunales".