Conde-Pumpido, durante su intervención inicial en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, se quejó del "desgaste inútil, gratuito e irresponsable" de su figura, del Ministerio Público y de los fiscales en su conjunto como consecuencia de la polémica sobre Parot.

Tras hacer un repaso de cuál ha sido la actuación de su institución en este caso, el fiscal general dijo que "jamás existió un riesgo de excarcelación inmediata" de este histórico etarra, por lo que, a su entender, la ciudadanía fue "alarmada" sin motivo.

Al mismo tiempo, en clara referencia a quienes sugieren que la actuación de la Fiscalía en este caso ha podido estar relacionada con una eventual negociación con ETA, señaló que "no ha existido ni existe la más remota posibilidad de que la libertad a corto plazo de este asesino sanguinario pudiese servir para algún fin político o de alguna clase".

"Al menos", añadió, "no podría servir para ningún otro fin que no sea el que ya tristemente ha cumplido, supongo que a satisfacción de los violentos".

"RIGOR" DE LOS FISCALES

A este respecto, aseguró que los fiscales han actuado en este caso "con dignidad y rigor", algo que dijo han hecho expuestos al "vapuleo público" y dentro de "un debate en el que ni quieren ni pueden ni deben intervenir".

El responsable del Ministerio Público hizo estas consideraciones tras explicar todo el desarrollo de la postura de la Fiscalía del Supremo en lo referido al cumplimiento de la condena de Parot, algo que desligó del relevo de Eduardo Fungairiño como jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional.

Por este motivo, dijo que "se engaña" a los ciudadanos al afirmar que la sustitución de Fungairiño ha tenido que ver con el caso de Parot, ya que el dictamen fiscal sobre este asunto es muy anterior a los cambios en la jefatura de la Audiencia.

En este sentido, Conde-Pumpido señaló que el dictamen fiscal que apoyaba el criterio de la defensa del etarra se enmarca en la trayectoria de la Fiscalía y del Supremo. Este criterio, destacó, era contrario al que mantenía la Audiencia Nacional, que pedía separar las condenas de Parot, de manera que pudiera estar un máximo de 30 años en la cárcel.

A este respecto, el fiscal general dijo que la sentencia del Supremo de finales de febrero, en la que se establece que las redenciones a los etarras se apliquen sobre cada una de las penas, es una novedad, pero ratifica la tesis del Ministerio Público sobre la acumulación de condenas.

"MÁXIMO RIGOR"

En esta línea, Conde-Pumpido sostuvo que desde su nombramiento ha tomado medidas que lo que han hecho es "encarecer" el cumplimiento de las condenas por parte de los etarras, para lo cual ha tomado medidas para evitar excarcelaciones que estaban anunciadas.

Explicó que con este fin ha adoptado iniciativas concretas, la primera de las cuales es que un fiscal de la Audiencia, Ignacio Gordillo, centralice todo lo referido a la situación carcelaria de los miembros de ETA.

A partir de este punto, apuntó que se ha revisado si haybeneficios penitenciarios "indebidos", algo a lo que se ha añadido el "máximo rigor" en lo relativo a la puesta en libertad de terroristas. Todo lo anterior se ha visto complementado con la imputación de nuevos delitos a presos etarras, cuando éstos han incurrido en conductas criminales como señalamiento de objetivos.