En un desayuno informtivo, Conde-Pumpido dijo: "Cuando una serie de actuaciones de carácter estrictamente profesional ponen de relieve que ese principio de unidad de actuación no se cumple en la Fiscalía, la obligación del fiscal general es, sencillamente, primero, intentar que se cumpla y, si los intentos reiterados de que se cumpla se ven sucesivamente frustrados pues, naturalmente, la paciencia tiene un límite", dijo.

Conde Pumpido explicó que había instrucciones para que los fiscales avisasen con tres meses de de la necesidad de tramitar con rapidez determinados recursos para evitar excarcelaciones como las del terrorista islamista Allekhema Lamari, en junio de 2002.

Añadió que esa instrucción ha sido acatada por más de cien fiscales, pero ninguno de ellos era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Conde-Pumpido manifestó que Eduardo Fungairiño presentó sus renuncia por "razones personales" y que la Fiscalía General del Estado la aceptó por "razones profesionales".

El fiscal general del Estado explicó que ayer se convocó una reunión con la cúpula fiscal para plantear a Fungairiño que había llegado el momento de su relevo al frente de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

DOS SALIDAS

Allí se ofrecieron a Fungairiño dos formas de efectuar ese relevo: renunciando de forma voluntaria o iniciando un trámite para su remoción. El hasta entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional decidió optar por la primera opción.

La carta de renuncia se redactó "partiendo de un borrador previamente presentado por los servicios técnicos" de la Fiscalía General del Estado.

El sustituto de Fungairiño debe ser, según Conde-Pumpido, "un fiscal experimentado", un "excelente profesional", una persona "con experiencia de dirección de jefatura" y, además, que "sintonice" con los criterios de la Fiscalía General del Estado.

En el desayuno informativo estuvieron presentes personas como el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar; el de la Sala de lo Penal de este tribunal, Javier Gómez Bermúdez; la fiscal encargada del sumario del 11-M, Olga Sánchez; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando; el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y vocales del Consejo General del Poder Judicial como Enrique López y José Luis Requero.