Conde-Pumpido compareció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por terrorismo, el mismo motivo por el que había sido llamado a una sesión anterior el presidente del Consejo General del Poder Juducial (CGPJ), Francisco José Hernando, que no acudió a la cita del Parlamento.

La ausencia de Hernando de la sesión parlamentaria suscitó ayer una polvareda de declaraciones en el Congreso de los Diputados.

Aunque Conde-Pumpido no se refirió a él expresamente, sus primeras palabras fueron para dejar clara su tesis de que todo representante de un poder público debe responder a la petición de colaboración de otro poder del Estado.

Recordó en primer lugar su compromiso de acudir al Congreso cuantas veces sea requerido para explicar la acción del Ministerio Fiscal, siempre "dentro de los límites que la ley me marca".

Se mostró "convencido de que cualquier poder público, sea cual sea su función o el lugar que ocupe en la estructura de poder del Estado, tiene como primera y más sagrada obligación responder ante los ciudadanos".

"Entiendo, así lo aprendí como jurista y lo vivo como demócrata, que es en esta sede parlamentaria, ante quienes ostentan la representación directa del pueblo, donde mejor puede y debe hacerse presente esa responsabilidad", añadió.

En opinión de Conde-Pumpido, "no es concebible ningún poder ni función pública sin legitimación social, y en democracia toda legitimidad, sin excepción, emana de la voluntad de los ciudadanos, voluntad que está aquí y ahora representada".