Conde-Pumpido compareció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar, a petición del PP, sus criterios para evitar que partidos disueltos o suspendidos realicen cualquier tipo de actividad.

Al final de sus explicaciones, aseguró que la ley tiene como objetivo excluir de la vida política a los partidos y organizaciones que que no aceptan el juego democrático y amparan la violencia, y con esa meta "seguiremos actuando con rigor cuando proceda".

Pero esa misma ley, precisó, impide que puedan ser objeto de exclusión, de forma individual o colectiva, quienes sí acepten esas reglas, "vengan de donde vengan, se organicen como se organicen y nos gusten o no" sus opiniones o proyectos.

La grandeza del Estado de Derecho, argumentó, es su capacidad para asimilar la participación de todos, "incluso de los que niegan sus esencias", siempre que los instrumentos empleados se acomoden a los parámetros democráticos.

Cándido Conde-Pumpido concluyó que no hay previsto "ningún cambio de criterio del fiscal en la aplicación de la ley". "No he dicho semejante cosa ni me oirán decirlo", añadió.

"Lo que espero", añadió, "es una realidad nueva y distinta a la cual aplicar la misma ley", algo que, sin embargo, sólo puede esperar porque no depende del fiscal general del Estado.

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