Conde-Pumpido, en rueda de prensa tras su participación en el Seminario Internacional de la Fiscalía Europea, aclaró que finalmente la fórmula para impedir que ANV y PCTV concurran en las elecciones del 9 de marzo será una demanda ordinaria de ilegalización, y no una demanda de ejecución de sentencia para ampliar a esas dos formaciones la condena que pesa sobre Batasuna.

Debido a que una demanda de ilegalización es un proceso largo, en el que el Tribunal Supremo puede tardar varios meses en tomar una decisión definitiva, tal y como sucedió en el caso de Batasuna, la Fiscalía pedirá al Supremo que adopte cautelarmente la suspesión de actividades para impedir que ANV y PCTV concurran a las elecciones del 9 de marzo.

Además, y de forma paralela, Conde-Pumpido señaló que también se aprovechará la vía penal y anunció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará al juez Baltasar Garzón a principios de la próxima semana la suspensión de actividades de las formaciones, sin esperar a que se celebren las vistillas convocadas por Garzón para el 4 y 5 de febrero para decidir este extremo.

"No vamos a dar facilidades, por eso también acudiremos al juez penal", afirmó Conde-Pumpido.

El fiscal general del Estado indicó que las pruebas en las que se basarán para solicitar la ilegalización de PCTV son, principalmente, los documentos que acreditan "el abono de retribuciones económicas a 39 miembros de Batasuna" por parte de este partido.

Otro de los pilares de la demanda será la cesión a Batasuna por parte del PCTV de su local en el polígono de Usurbi, en San Sebastián, "para la celebración de sus reuniones clandestinas".

"MINIMIZAR LAS ACCIONES TERRORISTAS"

En cuanto a ANV, la base de su demanda de ilegalización será la actitud demostrada por sus dirigentes tendente a "minimizar las acciones de terrorismo" y su negativa a condenarlas.

Conde-Pumpido reveló que la demanda que preparan para ANV también contiene el caso de la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, quien pertenece a esta formación, y que homenajeó a los etarras autores del atentado de la T-4 tras su detención. De hecho, la alcaldesa declaró esta mañana ante el juez Santiago Pedraz imputada por enaltecimiento del terrorismo.

También destacó como un punto de inflexión vital en la situación de ANV y PCTV su negativa a condenar el atentado de ETA de Capbreton (Francia), en el que murieron dos agentes de la Guardia Civil.

Conde-Pumpido reveló que fue entonces, ante "el primer atentado mortal de ETA desde el final de la tregua", cuando la Fiscalía decidió "iniciar el proceso" solicitando "informes completos" a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Preguntado sobre por qué la Fiscalía ha decidido actuar ahora y no antes, Conde-Pumpido dijo que, a fin de "mantener el sistema democrático", una demanda de ilegalización de un partido debe ir acompañada de "documentación suficiente que acredite los hechos" y que "las meras alegaciones" no son material bastante para iniciar un proceso.

Aún así, Conde-Pumpido aseguró que le hubiese gustado "interponer la demanda antes", pero que "se ha actuado cuando hemos tenido pruebas acreditadas gracias al informe policial, así es el funcionamiento del sistema jurídico y todos debemos respetarlo".