A Conde se le aplicó el antíguo Código Penal, cuyo artículo 47 establece que cualquier pena privativa de libertad lleva consigo la inhabilitación para ser votado y para votar, incluso cuando el reo está en libertad condicional. El ex banquero salió en agosto pasado de la prisión de Alcalá-Meco por haber cumplido tres cuartas partes de la pena de cuatro años y seis meses de prisión que e impuso el Tribunal Supremo en febrero de 1998.

Siempre según estas fuentes, si en febrero próximo, cuando se presentan oficialmente las candidaturas a las Elecciones generales, Conde sigue en libertad condicional, no podrá presentarse a los comicios.

Un aspecto que recoge el artículo 6.2 párrafo a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al declarar inelegibles a "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena".

Aunque el fallo delSupremo de febrero del 98 sólo recogía inhabilitación para ejercer de administrador de entidades bancarias, dos meses después, la Audiencia Nacional, a raíz de unos escritos presentados por el abogado del banquero y por el fiscal, aclaró que se le aplicaría el antiguo Código Penal -que incluye reducciones de pena-. La Audiencia dispuso en consecuencia que Conde quedaba también inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.