Esta norma establece que el juez que dicte prisión contra una persona debe enviar un mandamiento a los responsables policiales y otro al director de la prisión en la que deba ser internado el detenido.

Según dijo Olivares, el mandamiento judicial destinado a la institución penitenciria no había sido cursada por el juez Miguel Moreiras en el momento de ordenar la detención de Conde.

Por tanto, siguiendo las normas habituales de comportamiento de la policía en estos casos, los agentes se limitaron a detener al banquero y a ponerlo a disposición del magistrado, en espera de que éste completara la documentación necesaria para ingresarle en prisión.

Olivares afirmó que es frecuente la falta de este mandamiento dirigido a la prisión y que la policía en esos casos siempre actúa de modo anteriormente descrito.