De este modo, Granados responde a la consulta que le elevó el juez Moreiras preguntándole si debía mantener el sobreseimiento respecto a estas tres personas, que habían declarado como imputados en la causa, o si, por el contrario, procedía formular acusación contra ellos, a pesar de que el fiscal del caso no les había incluído en el escrito por el que pidió la apertura de juicio oral contra Mario Conde y otros dos imputados por estos hechos.

En su escrito, al que ha tenido aceso Servimedia, Granados indica que "no considera procedente sostener la acusación contra personas distintas a aquellas frente a las que se ha dirigido por la fiscalía de la Audiencia Nacional", es decir, Conde, el ex directivo de Banesto Fernando Garro y Lorenzo Pericats.

El fiscal general del Estado precisa que aunque Navalón, Belloso y Xercavins prestaron declaración en calidad de imputados durante la instrucción de la causa, no se realizó una imputación judicial que pueda legitimar y justificar ladiscrepancia judicial respecto a la calificación del fiscal.

Agrega que "nada de ello consta en las diligencias previas y obviamente tampoco en el auto acordando la remisión" al fiscal general, del que afirma que, "por cierto, no se acompaña de una mínima exposición recogiendo datos fácticos y razones jurídicas motivadoras de tal trámite".

Por ello, continúa, "en tales condiciones, la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional en la calificación jurídica efectuada no puede ser cuestionada por l juzgado instructor, al no haber realizado previamente actos judiciales de imputación respecto a los 'imputados' que señala en su auto".

"Además de ello, no existiendo imputación judicial no hay petición de sobreseimiento" matiza el fiscal general, quien añade que por ello "la responsabilidad posible de las personas a que se refiere no quedaría prejuzgada si en trámites posteriores o en procedimientos diferentes se acreditaran razones suficientes para modificar tal posición del fiscal".

Moreirasya había formulado esta consulta, amparándose en el artículo 790.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, quien le contestó en sentido negativo. Sin embargo, elevó posteriormente la pregunta a Granados alegando que había habido un error en la anterior consulta, dado que la tenía que haber dirigido al fiscal general del Estado.

El fiscal del caso, Ignacio Gordillo, elevó el pasado 10 de octubre su escrito de acusación al juez Moreiras, en el que soliitaba la apertura de juicio oral contra Conde, Garro y Pericats, para los que pidió un total de 7 años de cárcel por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad.

En su escrito, Gordillo afirmó que Conde autorizó el pago de 600 millones de pesetas a Argentia Trust a cambio de diversos trabajos, aunque añadió que éstos no fueron realizados, beneficiándose el ex presidente de Banesto de ese dinero.

Por su parte, acusó a Garro y Pericats de haber participado en la emisión por parte de Baesto de dos facturas a favor de Publitax por importe de cerca de 45 millones de pesetas de los que se beneficiaron ellos.

Sin embargo, tras decretar el ingreso en prisión de Conde por estos hechos, el juez Moreiras acordó su puesta en libertad cuatro horas después alegando que el ex presidente de Banesto le había convencido de el dinero se lo había entregado a Navalón para pagar al PSOE con el fin de lograr exenciones fiscales para la Corporación Industrial Banesto.

También decretó la libertad deGarro pocas horas más tarde de ordenar su ingreso en prisión después de que éste implicase a Xercavins en la emisión de las facturas.

Por ello, exculpó a Conde del delito de apropiación indebida del que le acusó el fiscal y a Garro de todos los delitos que le imputaba el representante del ministerio público, al tiempo que pretendió inculpar a Navalón, Belloso y Xercavins en el 'caso Argentia Trust'.

Fuentes judiciales indicaron a Servimedia que, tras el informe de Granados, Moreiras debe decretarahora la apertura de juicio oral para los tres implicados contra los que el fiscal del caso formuló acusación, no pudiendo incluir en su auto otros delitos ni a otras personas diferentes a las que figuraban en el escrito del representante del ministerio público.

Agregaron que, sin embargo, el magistrado sí tiene capacidad para poder decretar el sobreseimiento respecto a Conde y los otros imputados.