El portavoz de CGPJ, Enrique López, manifestó a los periodistas que la Comisión Disciplinaria "ha prestado un alto grado de verosimilitud" a los hechos denunciados por los jueces de vigilancia penitenciaria María Reyes Jimeno y José Luis de Castro y ha abierto el expediente por intromisión en la potestad jurisdiccional de otro juez y por abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable.

La Comisión Disciplinaria ha nombrado instructor del expediente al presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audincia Nacional, Eduardo Calvo, a quien se le ha pedido la "máxima urgencia" en su tramitación, según López, quien manifestó que "a primeros de año" deberá haber presentado la petición sobre la posible suspensión cautelar o provisional de la magistrada.

Tras esta rápida petición sobre la suspensión provisional de Torrecilla, el expediente seguirá su tramitación habitual, que podría estar finalizado en el plazo de tres meses, ya que el instructor debe tomar declaración a todos los jueces implicados en elcaso, tanto los que han denunciado los hechos como los que han tenido relación con ellos, así como al director de la prisión en la que se encuentra Mario Conde, según el portavoz del CGPJ.

Las faltas contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial en las que podría haber incurrido la jueza son "la intromisión mediante órdenes o presiones de cualquier clase en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado" y "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e ijustificado de autoridades, funcionarios o profesionales".

A consecuencia de ellas, se le podrían imponer sanciones que van desde una multa y separación forzosa hasta la pérdida de la función judicial, explicó López.

El portavoz del CGPJ calificó de "insólitos" los hechos denunciados, porque "entendemos que, afortunadamente, no se producen en nuestro sistema jurídico y no son propios de nuestros jueces y magistrados". "Precisamente ese carácter de insólito y especial de este tipo de denuncias hac que se hayan tomado por el CGPJ con una extremada seriedad", añadió.

López explicó además que si en cualquier momento del trámite del expediente disciplinario se entiende que pueda existir la comisión de un algún delito por parte de la juez, el Consejo dará traslado oficialmente al ministerio fiscal para que se abra la vía penal.